El Gobierno peruano, a través del Ministerio de la Producción (PRODUCE), ratificó su compromiso de fortalecer y promover un entorno favorable para el desarrollo de las cooperativas en el Perú. Además, afirman que las cooperativas son organizaciones esencialmente de inclusión económica, social y financiera, especialmente en las zonas rurales del país. Sin embargo, más allá de lo descrito, ¿qué tan reales y efectivos son estas afirmaciones?
Según lo mencionado, estos compromisos y afirmaciones suelen quedarse en un plano de intenciones; en anuncios gubernamentales, y no hay una voluntad política, ni atención a las necesidades de las cooperativas, menos a su promoción como instrumento eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Datos de la SUNAT a diciembre de 2023 muestran que existen más de 2,644 cooperativas registradas. De estas, el 35% son agrarias, el 26.1% de ahorro y crédito y el 22.8% de servicios especiales y múltiples. Las cifras reflejan una realidad del movimiento cooperativo que se posiciona mayormente en espacios rurales en los que existe una necesidad real de pobladores y sus comunidades.
Las cooperativas enfrentan serias dificultades, como la ausencia de un marco normativo que sea la expresión de la esencia y naturaleza del sistema cooperativo; además, requieren asesorías y capacitaciones de carácter administrativo para su desempeño óptimo y adecuado en sus funciones y sus fines. Asimismo, tiene necesidades de acceder a fondos y garantías de créditos que administra la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) y otros fondos financieros mediante el Fondo Agroperú del MIDAGRI, administrado por el Banco Agropecuario – Agrobanco, que ofrece líneas de crédito para capital de trabajo a cooperativas agrarias, es decir, para los productores agropecuarios, principalmente de zonas rurales. Estos requerimientos suelen ser en gran medida ignorados gracias a las prioridades que tiene el Estado respecto al sistema bancario, lo que nos mantiene en un ciclo de estancamiento en la actualidad.
La realidad del cooperativismo en el Perú es aún más preocupante, porque los mismos directivos y funcionarios ligados a la gestión de las cooperativas de las diferentes tipologías exhiben la absoluta ausencia de la educación cooperativa. Es decir, quienes de una u otra forma están comprometidos en la gestión cooperativa, no muestran su interés por la enseñanza del cooperativismo, de la doctrina cooperativa, la filosofía, la historia y la economía del cooperativismo, como base teórica de un sistema alternativo que permite superar la pobreza, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. Entendiendo que la educación cooperativa es el proceso de aprendizaje de los valores y principios cooperativos, así como el AYNI y la reciprocidad.
La falta de la educación cooperativa deja a las cooperativas sin respaldo ideológico-doctrinario, necesario para su consolidación como instrumentos para el desarrollo de los socios y sus comunidades. Es también responsabilidad del Estado la implementación de la enseñanza de lo cooperativo en el sistema de educación nacional, que beneficiaría mucho a todos los miembros o socios de las cooperativas del país.
Esta situación debería constituir un desafío para los cooperativistas, con el fin de fortalecer la educación cooperativa a través de los comités de educación, cuya responsabilidad principal es promoverla. Estos comités no deben limitarse a ser órganos meramente decorativos, que en ocasiones se reducen a celebraciones organizacionales de ejecutivos o directivos.
La debilidad en la gestión estratégica y operativa de las instituciones cooperativas genera consecuencias no solo en la solidez o solvencia de las cooperativas, sino también una dispersión orgánica; es decir, los procesos de integración cooperativa no existen a pesar de su gran importancia para la defensa de los intereses de las cooperativas.
Es crucial que los líderes de las cooperativas tomen su parte en la educación y formación cooperativa, a fin de mejorar sus sistemas administrativos y consolidarse con solvencia económica y financiera.
Víctor Chati Pérez