La decisión se tomó el primer lunes de octubre de 1973. Un grupo de dirigentes concluyeron, que había llegado el momento de insistir en la construcción del tercer nivel cooperativo o confederación de cooperativas. Su liderazgo era indispensable. Tenía que conducir las relaciones entre el sistema cooperativo y el régimen dictatorial. La finalidad se tornaba, entonces, muy difícil.
En tal caso, se requería dirigentes con un perfil singular, cooperativistas convencidos. Honestos, apasionados, íntegros. Experimentados, por supuesto, desinteresados para participar ad-honorem. Y lo que acordó el grupo, después de un amplio debate: el presidente no debía tener militancia partidaria, ni prejuicios religiosos, raciales o políticos. La posición de los cooperativistas siempre fue clara. La ideología de la cooperación, en beneficio común, se practica desde las cooperativas agrarias hasta las cooperativas de consumo, pasando por las de producción industrial y las de servicios. Democratizar la economía sin conflicto de clases. El gobierno puso énfasis en el cooperativismo agrario, como instrumento radical, para influir en el mercado, conflicto de por medio.
Gobernaba el Perú, a partir del 3 de octubre de 1968, una dictadura de “militares de nuevo cuño” como les gustaba apodarse. O sea militares políticos, deliberantes, adiestrados en el CAEM. Distorsionaban o maquillaban la realidad con discursos incendiarios. Estatizaron las explotaciones petrolera, minera, pesquera. Nacionalizaron los ferrocarriles, expropiaron algunos bancos. Además, aplicaron la política cepalista de sustitución de importaciones. Decretaron la reforma agraria (24.06.1969) y transmutaron las haciendas azucareras en cooperativas agroindustriales, Pero inventaron una “justicia revolucionaria”, mediante la cual, decenas de cooperativistas fueron a parar a las mazmorras por no celebrar el golpe cuartelero. (A quién escribe, se le impidió hablar en los complejos azucareros en 1970. Lo mismo le ocurrió, en los años noventa, con otra dictadura cívico-militar.)
Infiltraron sinamistas en las cooperativas, con la misión de capturar sus dirigencias y adherirlas al “gobierno revolucionario”. También tenían el cometido de hacer fracasar cualquier proyecto de integración cooperativa. Al comienzo lograron los anticoperativistas este deseo. Ora Ramón Díaz Chávez, ora Juan de Dios Tenorio, ora Tomás Fernández, presidieron sendas comisiones sin mayor éxito. Fueron interferidos por los alquilones del contrasentido. (Todavía se recuerda que la dictadura militar, por Resolución Suprema 0269 74, prohibió el reconocimiento de centrales, federaciones y, naturalmente, de la confederación de cooperativas.)
El gobierno castrense parecía favorable a las cooperativas. Había promovido un extenso cooperativismo agrario, igualmente cooperativas de producción y de trabajo en las ciudades. En verdad, los militares deseaban ganar el apoyo del cuasi millón de cooperativistas. Mas la concurrencia de estos se mostraba fría. Desganada. Entonces SINAMOS convocó a los representantes del cooperativismo. En la reunión, un civil, miembro de la “aplanadora”, amenazó a los cooperativistas en el sentido de
que era indispensable alinearse con la revolución, o cualquier resistencia sería peligrosa. De inmediato contestó el Arq. Jorge Cox Cheneau, dirigente de la Federación de Cooperativas de Vivienda: “El cooperativismo es un movimiento popular, democrático, libre y autónomo. Respetuoso del principio de neutralidad política, base de su unidad, ningún gobierno lo hará peligrar”. Gallardía. Agallas. Valor moral que todos los cooperativistas secundamos.
“Hay cosas que de tanto saber se olvidan”, por eso es bueno recordarlas. Refrescar la memoria cooperativista es necesario para obviar historietas. Tal alteración pretendieron con el origen de la confederación en 1989. Empero, las actas aún mandan. La intensa campaña de educación cooperativa, en los años sesenta, fue creando cultura solidaria, una alternativa diferente, un lenguaje nuevo. La voz de la realidad en todas las poblaciones ganaba adeptos. Cooperativistas. Por ejemplo, en 1968, antes del golpe militar, los trabajadores de la hacienda azucarera de Chiclín exigieron su cooperativización. Del mismo modo los de Chicama. (Por cierto, los obreros de la hacienda Laredo lo pidieron en 1946.) ¿Qué deseaban los trabajadores? Un sistema económico asentado en las cooperativas, una organización social en armonía con la democracia. Abierta a todas las opciones político-económicas. Transformación con libertad. Ni dictadura ni autoritarismo. Los sindicatos del norte, de idearios definidos volanteaban: “Ni Washington ni Moscú, pero sí una organización cooperativista antiimperialista e integracionista”. Después del decreto agrario, los trabajadores de las haciendas azucareras de Cartavio, Casagrande y Laredo fueron brutalmente reprimidos en Trujillo. A sus líderes los apresaron, procesaron y encarcelaron durante cinco meses, acusados de sabotear la reforma agraria. ¿Se oponían a la cooperativización azucarera? No, reclamaban verdaderas cooperativas, elegir libremente a sus representantes mediante el voto universal y secreto. Nada de gerentes impuestos por comandos militares.
En aquellos años la doctrina cooperativa se enmarcaba dentro del suceso rochdaliano, asimilado por la Alianza Cooperativa Internacional. Los siete principios orientaban el procedimiento cooperativo. Por ello, dada la circunstancia de un gobierno lucubrado en los cuarteles: sin libertad de opinión ni albedrío intelectual ni diálogo público, resaltaron los postulados referidos a la democracia cooperativa, dispuestos en el artículo 5º de la Ley General de Cooperativas 15260. Control democrático; un hombre, un voto. Sufragio universal, porque en un ambiente de libertad, equidad, ecuanimidad, la cooperativa es una unidad económica eficiente en la producción, en el consumo, en la distribución. Es herramienta eficaz para el bienestar familiar.
Los cooperativistas nunca cedieron. El beneficio social aventaja al lucro individualista (motivo capitalista) La democracia debe alumbrar cualquier política nacional. Solamente el voto popular ajusticia a las dictaduras. La integración cooperativa es una obligación. Constituir una confederación es un mandamiento. Tarea delicada en la primera fase del gobierno militar. Había recelo, pero se reactivó la comisión organizadora (9.11.1973) con la presidencia de Juan de Dios Cayo Muñoz, representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Consumo del Perú N° 1. Forjado en la experiencia cooperativista (transporte, vivienda, consumo) y sindicalista (Secretario General del Sindicato de Empleados de Sider Perú-Lima).
Doctrinado en el Centro de Altos Estudios Cooperativos del Perú. Capacitado en el Centro de Estudios Laborales del Perú del Sindicalismo Libre. (Luego egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional “Federico Villarreal”.) Se le reconoció como la amalgama que uniría a los cooperativistas de distintas militancias políticas. Hombre de acciones rápidas, 35 días le bastaron para efectuar todas las sesiones, gestiones, consultas y coordinaciones a fin de cementar la organización de la confederación de cooperativas.
Consta en actas. El 14 de diciembre de 1973, Día del Cooperativismo Peruano, cinco federaciones, dos centrales, dos cooperativas de seguros, más un banco y dos cooperativas de primer nivel, constituyeron la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, CONFENACOOP. Flameó la bandera de los siete colores. El Himno Nacional se escuchó en todo el país. La emoción se desbordó, rodaron lágrimas ¡El cooperativismo peruano ya tenía liderazgo! El coraje, la perseverancia y la inteligencia integracionista habían triunfado. En seguida recayó la primera presidencia en el dirigente más indicado. El cooperativista que reunía el perfil legítimo, Juan de Dios Cayo Muñoz. Así es.
Lima, diciembre del 2006